En una votación ajustada de 37 afirmativos contra 33 negativos, el oficialismo logró la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara Alta. Sin embargo, para salvar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, el bloque de La Libertad Avanza debió ceder ante la presión de la oposición y de sectores aliados dialoguistas, retirando por completo los polémicos apartados que flexibilizaban la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y las restricciones comerciales sobre terrenos incendiados.
Un debate al límite y concesiones de último momento
La sesión ordinaria, que se extendió por más de 11 horas bajo la presidencia provisional de Bartolomé Abdala —debido al viaje del presidente Javier Milei al exterior—, estuvo marcada por una extrema paridad legislativa. Con el peronismo abroquelado en el rechazo, el oficialismo se vio obligado a desguazar el texto original diseñado por el Ministerio de Transformación y Desregulación para evitar una derrota segura en el recinto.
La primera gran baja ocurrió antes de ingresar al recinto, cuando la ministra Patricia Bullrich y los negociadores del Gobierno retiraron el Capítulo III referente a la Ley de Tierras Rurales. La iniciativa original pretendía eliminar las limitaciones vigentes para los capitales extranjeros, pero el fuerte rechazo de gobernadores y senadores de bloques intermedios congeló la propuesta.
El segundo golpe para la Casa Rosada se vivió en pleno tratamiento del articulado, al darse de baja el Capítulo IV sobre la Ley de Manejo del Fuego. Senadores dialoguistas de la UCR y representantes provinciales plantaron bandera en defensa de la normativa ambiental vigente —promovida en 2020—, la cual prohíbe el cambio de uso del suelo y la venta de campos afectados por incendios por plazos de entre 30 y 60 años. Al no reunir las voluntades necesarias, los libertarios optaron por suprimir esos artículos en tiempo de descuento.
Desalojo exprés y expropiaciones: lo que sí quedó en pie
A pesar de las marcadas ausencias temáticas, lo aprobado por el Senado de la Nación introduce reformas de alto impacto estructural orientadas a «desburocratizar y otorgar seguridad jurídica»:
–Desalojos «exprés»: Se agilizan drásticamente los plazos judiciales mediante juicios sumarísimos en jurisdicciones federales para restituir inmuebles usurpados u ocupados ilegalmente. Además, se fija un límite estricto de diez días hábiles para desocupar propiedades en casos comprobados de morosidad en el pago de alquileres.
–Régimen de Expropiaciones: Se limita la facultad expropiadora del Estado bajo un criterio de utilidad pública de «interpretación restrictiva». A partir de ahora, las indemnizaciones a los propietarios damnificados deberán calcularse estrictamente a valor de mercado.
–Modernización Registral: Se dio luz verde a la digitalización integral de los procesos vinculados al Registro de la Propiedad Inmueble para acelerar las tramitaciones dominiales.
Clima de tensión dentro y fuera del Congreso
Mientras el miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, defendía el proyecto argumentando que el Estado no debe «castigar al dueño de un bien», las inmediaciones del palacio legislativo se transformaron en un escenario de extrema violencia.
Organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y colectivos ambientalistas se movilizaron masivamente bajo la consigna «La tierra no se vende ni se quema». Las protestas derivaron en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad federales, quema de contenedores y un saldo de al menos 11 personas detenidas y dos agentes heridos.
Con esta media sanción obtenida «en harapos» y reducida a menos de un tercio de sus pretensiones originales, el proyecto de ley fue girado formalmente a la Cámara de Diputados. Allí, en la Cámara Baja, el oficialismo deberá reiniciar una nueva y compleja ronda de negociaciones para definir si el texto recortado se convierte finalmente en ley.
